El pasado 24 de octubre alrededor de un centenar de cargos públicos y alcaldes de Izquierda Unida de las provincias de Sevilla y Cádiz decidieron protagonizar un encierro reivindicativo en el Parlamento de Andalucía, concretamente en la Sala de Coimisiones Cuarta, donde se habían dado cita para tratar la angustiosa situación económica de los Ayunatmientos andaluces. Entre ellos nuestro concejal y Coordinador de IUCA en Castilleja de Guzmán, Tasio Oliver, y Ana Carrasco, miembro del Consejo Político de IUCA en nuestro pueblo y responsable de varias áreas de trabajo del mismo.
En estos enlaces podréis saber algo más sobre las reivindicaciones y el desarrollo del encierro, que terminó finalemnte en la noche del domingo 26 con la expulsión forzada por la Policía Autonómica de muchos concejales y alcaldes que aún se encontraban en el interior del Parlamento.
http://www.publico.es/espana/168017/sanchez/gordillo/encerro/parlamento
http://www.adn.es/politica/20081025/VID-0012-IU-Parlamento-Encierro-alcaldes-andaluz.html
http://www.europapress.es/andalucia/noticia-sevilla-alcaldes-iulv-ca-comienzan-encierro-indefinido-parlamento-bancarrota-ayuntamientos-20081024152108.html
Las reivindicaciones eran las mismas que intentamos cursar en el pasado Pleno Ordinario del jueves 13 de noviembre y el PSOE-A se negó a debatir. Son las siguientes:
1.Exigimos una partida inmediata en los Presupuesto Generales del Estado del 2009 no inferior a 2.000 millones de euros que se complementará con otra partida de igual cuantía de los Presupuestos Generales de la Junta para paliar la deuda de los Ayuntamienrtos andaluces.
2.Planteamos una vez más una financiación basada en tres partes iguales: 33% de los recursos económicos para la Administración central; el 33% para las autonomías y el restante 33% para los Ayuntamientos.
3.La financiación local se hará con criterios objetivos, justos y no finalistas, es decir, que los Ayuntamientos tengan autonomía para decidir su política de inversiones.
4.Exigimos un fondo adicional para paliar la crisis económica y la caída de la construcción que garantice al menos dos meses de trabajo para las personas desempleadas del medio rural.
5.Exigimos el pago de la deuda histórica de los Ayuntamientos que actualmente asciende a 10.000 millones de euros.
6.Exigimos que desde la Junta de Andalucía se promuevan leyes y normas para dotar de suelo público a los Ayuntamientos con el objetivo de construir viviendas y otras obras municipales.
7.Exigimos la creación de una banca municipal pública que financie a los Ayuntamientos en todos los proyectos de interés general.
8.Que los Ayuntamientos no paguen el IVA, ya que, no desgravan y todos los servicios se encarecen un 16% y, además, exigimos la eliminación de recargo en el pago de las cuotas de la Seguridad Social para todos los Ayuntamientos.
9.Compensación a los Ayuntamientos por parte del Estado de los eliminados impuestos patrimoniales y de actividades económicas.
10.Exigimos la refinanciación de las empresas municipales.
11. Creación de un impuesto municipal a las operadoras de telefonía móvil cuya cuantía sea al menos del 2% de la facturación total.
12. Creación de una tasa a las compañías eléctricas equivalente al gasto municipal en electricidad en los servicios esenciales.
13. La participación de los ingresos del Estado (PIE) se liquidará puntualmente y los Ayuntamientos podrán pedir su adelanto sin intereses.
14.Exigimos que las obras del PFOEA se financien al 100%.
15.Exigimos el 100% de las obras de la Administración central y autonómica.
16.Reclamamos para los Ayuntamientos el parque de viviendas públicas y suelo en manos de la Junta de Andalucía.
17.Exigimos la participación del os Ayuntamientos en el Consejo Económico de Política Fiscal y Financiera.
18.Exigimos una nueva ley de régimen local que posibilite la creación de impuestos directos para que paguen más los que más tienen.
19.Desaparición de las Diputaciones y las Delegaciones Provinciales y que sus competencias con la financiación correspondiente sean cedidas a los Ayuntamientos.
20.Exigimos una respuesta inmediata por parte de la Consejera de Gobernación y del Ministro de Administraciones Públicas.
